El Gobierno Regional del Callao contrató a personas que aportaron a campañas electorales del entorno político del gobernador Ciro Castillo Rojo, según un reportaje difundido el domingo 18 de octubre de 2026 por el programa peruano Cuarto Poder. La investigación también documentó contratos para familiares de uno de los aportantes.
De acuerdo con el reportaje, Armando Rondinel Silva realizó dos aportes por un total de 2.480 soles a la campaña de Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador y candidato a diputado por Alianza para el Progreso. Después de esos aportes, Rondinel recibió 14 órdenes de servicio de la administración regional por 85.800 soles, según los registros citados por el programa.
La investigación indicó que otros integrantes de la familia Rondinel también obtuvieron contratos. Juana Rosa Silva Gamboa recibió 274.000 soles mediante 17 órdenes de servicio, mientras que Armando Jorge Rondinel Guillerhua obtuvo 162.258 soles a través de 18 órdenes. Sus hijas Yessenia Rondinel Silva y Rosa María Rondinel Silva recibieron, respectivamente, 169.500 y 43.000 soles por contratos con la misma institución, de acuerdo con el reportaje.
Cuarto Poder examinó además la campaña de Elvira Madalengoitia, exasistente de Castillo que postuló al Gobierno Regional del Callao por Avanza País. Según el programa, más del 70 % de sus aportantes eran trabajadores de la institución. Entre los casos mencionados está el de Aniee Anggela Espezúa Paredes, quien aportó 1.350 soles en especie y posteriormente obtuvo órdenes de servicio; el reportaje señaló que ocupa una plaza bajo el régimen CAS.
El especialista en contrataciones públicas José Trelles dijo al programa que una relación entre un funcionario y alguien que contribuyó a su llegada al cargo podría plantear cuestionamientos éticos y, si existiera favorecimiento o direccionamiento, la posibilidad de un delito. Castillo negó cualquier delito en su gestión y declaró: “Yo no sé, no conozco”, además de rechazar que hubiera ocurrido una irregularidad. Las revelaciones corresponden a contratos y aportes presentados por la investigación periodística; por sí solas no acreditan responsabilidad penal.
